Desde COICA , expresamos nuestra profunda preocupación y nos pronunciamos en esta COP29 para recordar a los líderes mundiales y a los delegados de los países, quienes toman las decisiones, que la crisis climática es un problemática real que afecta de manera directa a nuestras comunidades y territorios. Por años, hemos defendido nuestros territorios y la biodiversidad que resguardan, pero enfrentamos una realidad injusta: las promesas de acceso a financiamiento climático aún no se traducen en recursos reales que lleguen directamente a quienes estamos en la primera línea de esta crisis, el tema del financiamiento climático se debate incansablemente en esta nueva COP, pero nuestros derechos, necesidades y demandas siguen sin ser escuchados plenamente.
¡Billones, no millones!
Esta COP29 ha sido testigo de una petición creciente: «¡Billones, no millones!» No podemos conformarnos con cifras que solo representan una fracción de lo que se necesita. Los pueblos indígenas, al igual que las comunidades locales, enfrentamos las consecuencias más devastadoras del cambio climático, mientras que las grandes potencias continúan evadiendo sus responsabilidades. Los compromisos financieros que se han establecido son insuficientes y, en muchos casos, están condicionados por préstamos que solo acrecientan la deuda de nuestros países. Necesitamos financiamiento basado en subvenciones, sin ataduras ni cargas adicionales que agraven nuestra situación.
La creación del órgano subsidiario no es suficiente
En la COP16, logramos un avance histórico con la aprobación del órgano subsidiario para pueblos indígenas, un espacio que deberá representar y proteger nuestras necesidades. Sin embargo, ni durante la cop16 ni ahora en esta nueva cop29, se han tomado medidas reales de financiamiento.
Celebramos la creación del órgano subsidiario durante la COP16 en Cali, Colombia, como un avance importante en la inclusión de los pueblos indígenas en las negociaciones climáticas. Sin embargo, insistimos en que esta inclusión no será genuina mientras el financiamiento siga siendo una promesa distante y burocrática. Sin acceso directo a los fondos, los pueblos indígenas seguimos en un sistema que perpetúa prácticas colonialistas, donde nuestras propuestas se reconocen, pero no se fortalecen con recursos reales. Para asegurar un cambio auténtico, el compromiso debe ir más allá de la diplomacia y volverse una herramienta de justicia financiera y climática.
Exigimos Financiación directa para los pueblos y comunidades Indígenas
Para alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París, será necesario movilizar un financiamiento externo anual de USD 1 billón para el año 2030, proveniente de diversas fuentes y destinado a cubrir las inversiones que requieren los países en desarrollo y mercados emergentes, con excepción de China, según un informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático. Este monto se proyecta que ascienda a aproximadamente USD 1,3 billones para 2035. Es fundamental destacar que cualquier demora en alcanzar este objetivo financiero implicará mayores costos en el futuro. Se anticipa un aumento significativo en las inversiones necesarias tanto para la adaptación como para la compensación de pérdidas y daños, lo cual hace urgente tomar acción inmediata.
Reclamamos que los recursos lleguen de manera directa a nuestras comunidades. No podemos permitir que el financiamiento climático se desvíe en procesos burocráticos, fondos intermedios o iniciativas que nos excluyen, convivimos con la naturaleza, y somos quienes conocemos y vivimos la realidad de los territorios, y debemos ser quienes decidamos, cómo emplear estos recursos para la mitigación, adaptación y resiliencia climática.
Cada día que pasa sin un acuerdo firme sobre financiamiento es un día que nuestras comunidades pierden ante la crisis climática que avasalla nuestro territorio. Los fenómenos climáticos extremos que ahora afectan a la Amazonía —olas de calor, incendios y sequías— son solo un recordatorio de que no hay tiempo que perder. Como pueblos indígenas, no solo necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y nuestra voz en las negociaciones, sino que se actúe en consecuencia con un financiamiento que permita proteger nuestras culturas, nuestras tierras y nuestra forma de vida.
No pedimos caridad, pedimos justicia. Nuestros conocimientos y nuestras prácticas han demostrado ser esenciales para el equilibrio ecológico, y es nuestro derecho tener una participación justa en los recursos que se destinan a la acción climática global. Demandamos que los flujos financieros prioricen a quienes más sufren, a quienes menos han contribuido al problema, y a quienes están en la primera línea de sus efectos. Necesitamos financiamiento basado en subvenciones que fortalezca nuestra capacidad de resiliencia y autonomía, no más deudas que comprometan nuestro futuro. El cambio climático ya es una realidad innegable, y no podemos permitir que la falta de financiamiento retrase las acciones urgentes y justas que necesitamos para enfrentarlo.
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