En el encuentro organizado por AIDESEP y en el participaron diferentes representantes de las bases regionales de COICA, los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA), y la iniciativa Cuencas Sagradas, se unieron a este esfuerzo para enfrentar las crecientes amenazas que afectan a las comunidades indígenas amazónicas, entre ellas, la minería ilegal, que está devastando los territorios, contaminando los ríos con mercurio y poniendo en riesgo la salud de los pueblos indígenas.
Durante el evento titulado “Defensa de la Amazonía ante el Infierno Minero”, se denunció que un alto porcentaje del oro exportado por Perú proviene de actividades ilegales. Los líderes indígenas hicieron un llamado urgente a los países compradores de este “oro sucio” —como Estados Unidos, Suiza, India y Arabia Saudí— para que detengan su compra y promuevan investigaciones para rastrear su origen.
El impacto de la minería ilegal en la Amazonía
La minería ilegal en la Amazonía no solo destruye el ecosistema, sino que también pone en riesgo la vida de las comunidades indígenas. El uso indiscriminado de mercurio para la extracción de oro ha contaminado ríos y suelos, provocando graves problemas de salud, como cáncer y malformaciones congénitas en los niños.
Líderes indígenas como Wilfredo Tsamash y Clauber Tangoa expusieron la situación crítica que enfrentan sus comunidades debido a la contaminación por mercurio, y exigieron medidas concretas para frenar esta actividad destructiva. Durante el encuentro se reiteró la necesidad de que la comunidad internacional se una en la defensa de la Amazonía. Los pueblos indígenas están en pie de lucha, exigiendo la anulación de concesiones mineras otorgadas sin consulta previa y la suspensión inmediata de la compra de oro ilegal. Este encuentro refuerza la unidad y el compromiso de los pueblos amazónicos en la búsqueda de soluciones frente a las amenazas que enfrentan. Durante el evento se denunció que la extracción de oro mediante dragas en los ríos amazónicos, ha alcanzado proporciones incontrolables. En 2023, se exportaron al menos 5,941 toneladas de oro desde Perú, de las cuales más de la mitad proviene de fuentes ilegales, según datos revelados por la investigación de Convoca.pe.
Este comercio ilegal se facilita por la falta de trazabilidad en la cadena de suministro del oro, un problema que las autoridades indígenas han denunciado repetidamente. La formalización minera (REINFO) ha sido señalada como un mecanismo que encubre a mineros ilegales, mientras que las concesiones mineras en territorios indígenas se otorgan sin la debida consulta previa.
Los GTA fortalecen su lucha por la defensa territorial
El encuentro permitió a los líderes de los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA), entre ellos Awajún, Wampis, Shawi y otros, articular un plan de acción multinivel. Este plan incluye fortalecer los sistemas de control territorial mediante la creación de mecanismos de seguridad autónomos y la colaboración con guardias comunitarias para vigilar los territorios de manera continua y eficaz.
Además, se anunció un plan de incidencia internacional dirigido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comunidad Europea y los principales países compradores de oro, como Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudí. Estos países han sido instados a detener la compra de “oro sucio”, extraído de forma ilegal en la Amazonía, ya que fomenta la destrucción de los territorios indígenas y contribuye a la proliferación de economías criminales.
Demandas urgentes
Entre las principales demandas que los líderes han elevado durante este encuentro se incluyen:
- Mayor presupuesto para operaciones de interdicción sostenibles y continuas contra la minería ilegal.
- Puestos de vigilancia abastecidos en puntos críticos para controlar la expansión de la minería en la Amazonía.
- Colaboración articulada entre las fuerzas del Estado y las guardias comunitarias indígenas.
- Investigaciones internacionales sobre los impactos del mercurio en la salud de las comunidades amazónicas.
- Anulación de las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa en territorios indígenas.
Las autoridades indígenas exigieron que el Estado peruano incremente significativamente el presupuesto destinado a las operaciones de interdicción contra la minería ilegal. Actualmente, solo se destinan 80 millones de soles para estas acciones, mientras que se invierten más de 700 millones de soles en la represión de manifestaciones sociales. Esta disparidad fue duramente criticada por los líderes, quienes reclamaron un enfoque más coherente y comprometido para proteger los territorios amazónicos
02 octubre 2024
Fotos: archivo AIDESEP
Fonte: https://coicamazonia.org/tercer-encuentro-entre-aidesep-y-los-gobierno-territoriales-autonomos/
Comentários